Jorge Estévez, técnico del Consejo de la Juventud de España

La Garantía Juvenil surge en los países nórdicos (y se extiende luego como recomendación de la Unión Europea), orientado a prestar una atención continuada a la población juvenil en su camino a la inserción laboral.

El principio central es que toda persona joven debe recibir una oferta de trabajo, educativa y de formación de calidad en los cuatro meses siguientes a finalizar sus estudios o quedarse en situación de desempleo.

En España, con más de 1900 millones de euros asignados para el programa, esto se ha traducido en el establecimiento de un sistema de Garantía Juvenil que se enmarca en la Estrategia de Juventud 2020, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Programa Operativo de Empleo Juvenil, marcando este último las cuatro líneas de actuación principales: apoyo a la activación para jóvenes que ya tienen las competencias requeridas por el mercado laboral; mejora de la empleabilidad para corregir el déficit formativo; fomento del emprendimiento; y apoyo a la contratación. Analizando su aplicación, vemos que está siendo muy limitada, fragmentada, con escasa participación de actores como los Consejos de Juventud u otros agentes sociales, con altos niveles de opacidad en la gestión de los fondos.

Vemos que lo que se ha tomado es una serie de actuaciones limitadas a lo que ya se venía haciendo, principalmente bonificaciones a la contratación (del todo ineficaces) y cursos de formación dispersos y de escasa utilidad, orientados en general a la población más fácilmente accesible, los universitarios, dejando fuera a aquellos a quienes se supone que son el objetivo principal de la Garantía, los colectivos más alejados del mercado de trabajo y del sistema educativo. No hay ningún intento de integrar sistema educativo con servicios de empleo (que deberían ser modernizados y dotados de mayores medios) y con servicios sociales.

Por último, ni siquiera los niveles de inscripción en el sistema son aceptables, y eso a pesar de haber aumentado el rango de edad desde los 24 a los 29 años. Así, de un público inicial de 843.000 jóvenes que no trabajaban ni estudiaban aproximadamente (contando solo personas entre 16 y 24 años, por lo que el colectivo ahora sería mucho mayor), en noviembre solo se habían inscrito 165.329.

En definitiva, el sistema de Garantía Juvenil tiene múltiples potencialidades, aunque también puede ser criticado por su énfasis en las carencias de la propia población juvenil, en lugar de en las fallas estructurales de nuestro sistema productivo y mercado laboral. Ejemplos positivos hay, como el del Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Gijón, quien con un equipo multidisciplinar, la participación e integración de actores diversos (entre ellos las  organizaciones juveniles) y una apuesta decidida por la atención personalizada, y la proactividad de sus servicios de empleo y trabajo desde los propios institutos, han logrado unos excelentes resultados.

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