El negocio de la desprotección

Según la ley, las Comunidades Autónomas tienen competencia en materia de protección de menores y también en materia de ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores. También pueden y lo hacen, establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades privadas con o sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

Utilicemos un símil muy fácil de entender. La tendencia es similar en los dos casos a los que nos vamos a referir. Imagina que estás enfermo y vas al médico. Cuando llegas al centro de salud te encuentras con que la DGA decidió, hace tiempo, que en vez de contratar directamente a los médicos y gestionar ella el servicio de salud va a contratar a una empresa que, a su vez, contrate a los médicos y se haga cargo de la gestión del centro. Imagina que muchas empresas privadas quieren hacerse cargo de este servicio porque un contrato con el Gobierno de Aragón significa un montón de dinero. Como vivimos en una democracia limpia y transparente, la DGA organiza un concurso (como un examen) en el que distintas empresas hacen propuestas de gestión (cómo te van a curar) y económicas (cuánto va a costar que te curen). Imagina que, para hacerlo más interesante, se decide que si alguna de las empresas puede rebajar el precio de la atención médica gastando menos dinero de lo que se gasta ahora, se lleva puntos extra.

Y aquí estás, en tu centro “concertado, subcontratado y semiprivado”. Te encuentras con que tu médico ya no es tu médico: le despidieron porque cobraba mucho y tenía unas condiciones laborales que la nueva empresa no está dispuesta a mantener. De hecho, eso de que tu médico lo sea durante años ya no se lleva. Ahora van cambiando cada pocos meses. Además, algunos puestos no los cubren médicos sino titulados de menos categoría, que saben menos y también cobran menos. Supón que tu nuevo médico no te receta la pastilla que necesitas porque primero te la debes ganar con tu comportamiento y, si no eres un buen paciente, no te la recetará. Supón que tu nuevo médico no te cura. A lo mejor incluso te provoca una nueva enfermedad intentando curarte (lo ha hecho sin malicia, simplemente no tenía los conocimientos necesarios). Supón que pides responsabilidades a la DGA por lo que te ha ocurrido. Entonces te dirán que ellos no son los responsables, sino la empresa contratada. Quizá te digan que los van a amonestar y así quedará todo. Los unos evitarán su responsabilidad y los otros seguirán cobrando por hacer de paraguas. Si el daño que te hayan podido hacer es realmente serio (digamos, por ejemplo, que mueres), quizá le rescindan el contrato a la empresa que te mató… y contratarán a otra igual. Incluso a los pocos años podrían volver a contratar a la misma empresa. Bueno, ya no es exactamente la misma, ahora el nombre es un poco distinto. Ahora deja de imaginar: todo esto no ocurre en el sistema público de Salud, todavía.

Asapa menoresY ¡bienvenido al Sistema de Protección de Menores! Aquí sí que ocurre. Al fin y al cabo, éste es un sistema de poca importancia. Sólo se supone que debe proteger a niños y niñas de situaciones de malos tratos, abusos de cualquier tipo, desamparo, abandono,… situaciones que hacen que a veces no puedas ni vivir en casa con tu familia. A lo mejor ni siquiera tienes familia con la que vivir ni casa a la que ir. Todos los Centros de Protección o Reforma de Aragón están privatizados. Todos los gestionan empresas privadas, aunque todas ellas se disfracen de fundaciones sin ánimo de lucro. La estrategia provoca situaciones como que uno de los responsables de estas empresas diga a sus trabajadores (que son educadores): “Yo no estoy aquí para educar a nadie sino para ganar dinero”. Pero la administración contrata a esta empresa para gestionar uno de sus centros de menores.

En otras empresas llega a parecer imposible una tarea tan sencilla como respetar la ley y la ética profesional. Así, cuando un grupo de educadores cumple con su trabajo educativo, es decir, cuida de los menores que tenía a su cargo, se preocupa por ellos, les informa de sus derechos,… es despedido por molestar a los técnicos de menores de la DGA, que no comparten su opinión sobre los derechos que la ley concede a los menores. También es verdad que ha habido menores inmigrantes a los que se ha dicho que su situación en el país sería regularizada sólo si se portaban bien. También es verdad que se cierran casos porque son complicados o porque los chavales están cerca de cumplir 18 años y ya “no merece la pena”. Son ejemplos muy concretos pero que ilustran muy bien dónde están las prioridades de la Administración hacia las personas menores de edad que tiene a su cargo o que, en muchas ocasiones, tutela.

Por cierto, volviendo al símil del sistema de Salud: actualmente, si tu médico no te gusta, no te entiendes con él, no crees que sea competente o lo que sea, tienes derecho a cambiarte de médico. Qué pena que el sistema de menores no tenga esta buena costumbre para garantizar los derechos de los “usuarios” con los que trabaja.

En el ámbito de la protección de menores, ni siquiera en casos de enfrentamiento e incomprensión absoluta entre familias y técnicos de menores se permite cambiar de profesional. ¿Por qué? Porque la Administración nunca va a reconocer que una familia o un menor puedan tener razón. La palabra y la opinión del técnico siempre están más allá de toda duda. La palabra de niños y familias siempre es sospechosa.

Las cosas no pueden seguir así, para que a estas personas se les garanticen sus derechos legalmente reconocidos:

  • Ser informados acerca de su situación, de las medidas que vayan a ser tomadas en relación con ellos, de la duración de éstas y de los derechos que les correspondan con arreglo a la legislación vigente. Los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar tendrán derecho a recibir la misma información, salvo prohibición expresa del órgano competente.
  • Ser protegidos en su honor y su intimidad personal y familiar y en su propia imagen. La entidad pública adecuará su organización para asegurar este derecho.
  • Comunicarse libremente sin que su correspondencia o comunicaciones puedan controlarse, salvo decisión judicial que lo autorice.
  • Ser escuchados y participar, de acuerdo con su madurez, en todas las decisiones que les afecten y en la vida y gestión de los centros donde fueren acogidos.
  • Recibir en los centros donde estuvieren acogidos educación religiosa de conformidad con la legislación vigente, así como realizar las prácticas propias de su confesión, si la tienen.
  • No ser discriminados por su situación y recibir una atención normalizada que posibilite su integración social.
  • En todo caso, se garantizará a los menores objeto de las medidas de protección a las que se refiere la presente Ley el ejercicio del derecho a la educación y la recepción de los adecuados servicios sanitarios y sociales para su adecuado desarrollo integral.
  • Recibir asesoramiento jurídico específico en caso de conflicto con su familia natural o con la propia Administración.

Asapa grupo menoresSi el sistema de protección continúa limitándose a hacer como que protege, sin elaborar ningún análisis de las causas por las que muchas familias excluidas llegan a sus manos y sin pretender ni hacer nada para solucionarlas, no estaremos hablando de protección de menores sino de otra cosa. Y si lo único que se perpetúa es el aparato asistencial y los contratos millonarios, será que interesa mantener esta situación.

Mientras tanto, los más desfavorecidos habrán de aprender a sobrellevar su situación. Por eso se les enseña (por ejemplo) que un caso de explotación laboral, infravivienda, malnutrición, retirada de un subsidio, etc. no se soluciona reclamando colectivamente sus derechos sino con un programa Educativo Individualizado, un buen Taller de Habilidades Sociales y mucha Tolerancia a la Frustración. Y mientras tanto, hay quien gana dinero por educar a sus hijos en un centro.

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