El futuro de las Escuelas de Tiempo Libre

Antes de la democracia, y por lo tanto antes de que los jóvenes de hoy hubiéramos nacido, ya existían Escuelas de Tiempo Libre. Sin ningún apoyo público, contando únicamente con la labor de sus voluntarios, que ponían su conocimiento y experiencia al servicio de una nueva generación de jóvenes. En algunos casos no sólo no recibían ayudas, sino que tenían que trabajar en la clandestinidad. Recordemos, sin ir más lejos, que los scouts formaban un movimiento proscrito durante el franquismo.

El comienzo de la Comunidad Autónoma, de 1983 en adelante, fue una época de grandes pactos, por lo que nos cuentan. Los políticos y la sociedad civil trabajaron juntos, mejor o peor, para organizar el movimiento asociativo y su relación con la Administración. Nacieron, sin ir más lejos, los Consejos de la Juventud. Las asociaciones anhelaban ser escuchadas y los políticos necesitaban apoyarse en los movimientos cívicos, porque era imposible construir una sociedad democrática y moderna de otra manera.

En el tema que nos ocupa, el de las Escuelas de Tiempo Libre, la colaboración fue provechosa. Las Escuelas se pusieron de acuerdo en el programa de los dos cursos oficiales (Monitor y Director), aceptando que fuera la DGA quien expidiera los títulos y, por lo tanto, que pudiera inspeccionar y supervisar los cursos. El trato parece razonable: los voluntarios podían titularse en cualquier escuela sabiendo que su formación tendría un reconocimiento oficial.

Escuelas de tiempo libreEl modelo funcionó bien durante algunos años, pero pronto se plantearon dos problemas. Por un lado, cada Comunidad Autónoma reconoce sus propios títulos, por lo que nos encontramos con que, por ejemplo, una monitora titulada en Aragón no puede participar en un campamento en Castilla y León. Por otra parte, empezaron a surgir puestos de trabajo remunerados para monitores: campamentos gestionados por empresas, ludotecas, centros de tiempo libre, comedores escolares… Al mismo tiempo, como era de imaginar, surgieron escuelas movidas por intereses económicos, aprovechando la demanda de títulos por parte de personas que querían trabajar como monitoras.

Podemos creer y creemos que un campamento conducido por voluntarios es una experiencia mucho más valiosa para los chavales que uno gestionado por una empresa. Pero tenemos que aceptar que también es legítimo que un joven quiera ganarse la vida haciendo lo que le gusta. El modelo voluntario y el profesional no tienen más remedio que convivir.

Muchas Escuelas lo entiendieron así y, especialmente a través de la CETLA (Coordinadora de Escuelas de Animación en el Tiempo Libre de Aragón), comenzaron a negociar con el Gobierno para hacer frente a los dos problemas que hemos mencionado antes: la homologación de títulos en todo el Estado y la convivencia de voluntarios y profesionales.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Si en 1985 la negociación fue fácil y satisfactoria, ahora llevamos quince años con el problema enquistado. La Comunidad Autónoma ha crecido hasta el punto de parecer una maquinaria pesada, torpe e insensible. Ya no necesitan a la sociedad civil; algunos creen que pueden mantener el llamado Estado de bienestar a golpe de talonario y subcontrata.

Las Escuelas, como muchos otros movimientos asociativos, tienen motivos para sentirse traicionadas. En 1985 tendieron la mano a los políticos para ayudarles a poner su ladrillito en el edificio de la sociedad democrática. Poco sospechaban que el mismo ladrillito podría servir para construir su propia tumba. En 2011 los políticos ya no necesitan trabajar con las Escuelas, así que las ignoran.

educación en el tiempo libre¿Cuál es la situación ahora? Está a punto de publicarse un decreto, a nivel estatal, que regulará las cualificaciones profesionales de Monitor y Director de Tiempo Libre. No aparecen en los borradores las palabras “voluntariado” o “asociacionismo”. Ni una sola vez. Se imponen para las Escuelas requisitos absurdos, como aulas desproporcionadamente grandes y profesores universitarios. A cambio, desaparecen otras obligaciones que eran de puro sentido común, como las prácticas obligatorias o la necesidad de tener experiencia como monitor para acceder al título de director. Incluso las escuelas que consigan adaptarse, quedarán totalmente desvirtuadas, convertidas en academias. ¿Esto es lo que la Administración entiende por reconocimiento de la educación no formal? Si el camino para reconocerla es convertirla en formal y reglada, preferimos quedarnos como estamos. O como antes de 1983.

Con vuestro permiso, vamos a ponernos un poco filosóficos. En los últimos años estamos sacrificando los pocos modelos que nos quedan de colaboración entre entidades sociales y Administración por un modelo más frío basado en la contratación pública. El Ayuntamiento y la DGA no valoran el enorme valor añadido que ofrecen las organizaciones sociales. A cambio, se aplican los criterios fríos del concurso público y el mejor postor. Lo sufrimos con el fin de los convenios del Ayuntamiento; volvimos a verlo con los concursos de Centros de Tiempo Libre, que acabaron de un plumazo con uno de los proyectos educativos más solventes que hemos conocido, el de Gusantina. Estamos presenciándolo con el Reformatorio. Y asistiremos de nuevo al mismo espectáculo con las Escuelas de Tiempo Libre. Ojo, estamos de acuerdo en que los recursos públicos no pueden asignarse “a dedo” simplemente por la trayectoria social de una entidad. Los principios de transparencia y objetividad son fundamentales. Pero a la hora de buscar colaboradores, la Administración debería tener en cuenta, como un punto importante del baremo, el valor social añadido de las entidades.

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